SAINT PAUL, MN
La Suprema Corte de la Nación dejó ayer intacto el programa del estado para confinar a los delincuentes sexuales como un riesgo continuo para el público, poniendo fin a una batalla legal que había puesto en aprietos al sistema constitucional por muchos años.
El Programa de Delincuentes Sexuales de Minnesota (MSOP), que confina a cerca de 720 delincuentes en centros de tratamiento seguros en Moose Lake y Saint Peter, ha sido blanco de repetidos desafíos legales por su práctica de encerrarlos indefinidamente después de que ya han cumplido con sus penas en prisión.
Abogados de derechos civiles y algunos legisladores del estado han estado presionando por cambios para que los delincuentes sean puestos en libertad más pronto, ya que después de cumplir su tiempo en prisión, los delincuentes son confinados a las instalaciones de Moose Lake y Saint Peter sin esperanza de obtener su libertad.
Un delincuente sexual demandó al estado en 2011, argumentando que durante su juicio de seis semanas el sistema judicial de Minnesota violó sus derechos constitucionales al privarlo de llegar a los tribunales y de otros derechos básicos bajo el sistema de justicia penal.
El programa administrado por el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, incluye un tratamiento para reducir o controlar los impulsos sexuales, el cual fue establecido por los legisladores en 1994 para mantener encerrados a los violadores. Aun cuando se han disparado los costos del programa, los administradores se siguen rehusando a dejar en libertad a los criminales convictos por delitos sexuales.
En junio de 2015, el juez de Distrito Donovan Frank de Saint Paul declaró inconstitucional el MSOP, citando la baja tasa de liberación del programa y la falta de evaluaciones regulares de riesgo de los delincuentes. Pero después de revisar el programa, un panel de tres jueces del Octavo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Saint Louis concluyó a principios de este año que Minnesota proporcionó las protecciones constitucionales adecuadas, incluyendo el derecho de petición para la liberación.
La decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de no volver a escuchar el caso, confirma la decisión del panel de apelaciones.
Hasta la fecha, solo un delincuente ha sido dado de alta del programa en sus más de 20 años de historia, mientras que 15 han sido liberados condicionalmente. De esos, ocho se han reintegrado a la comunidad, 89 viven en una residencia privada en al campus de Saint Peter, que se encuentra afuera de sus instalaciones. Otros 21 delincuentes están esperando a que se abran más camas allí, de acuerdo al estado.
