SAINT PAUL, MN
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este lunes a tribunales menores descartar “por falta de jurisdicción” una demanda formulada contra la orden del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del censo, que se usa para asignar escaños en la Cámara de Representantes y la distribución de fondos federales.
En su dictamen, el máximo tribunal estadounidense señaló que “el caso es anulado” y lo remitió a las cortes del Distrito Norte de California y el Distrito de Maryland “con instrucciones de descartar por falta de jurisdicción”.
En un comunicado emitido en respuesta al dictamen, el fiscal general de California, Xavier Becerra, sostuvo que “el objetivo de un censo completo y preciso es asegurar que todas nuestras voces sean escuchadas y que nuestros estados obtengan su porción de recursos para proteger la salud y el bienestar de todas nuestras comunidades”.
“Seguimos comprometidos con el principio de que todos cuentan. Aquí en California, continuaremos defendiendo a cada persona que llame hogar a nuestro estado”, añadió.
El comunicado señaló que el dictamen de hoy sigue a una orden similar emitida por la Corte Suprema que desechó este mes de diciembre como “prematura” una demanda presentada en una corte de Nueva York contra el intento de Trump de excluir a los indocumentados de las cifras del Censo.
En esa ocasión, los seis jueces conservadores de la Corte, incluidos los tres designados por Trump y confirmados por la mayoría republicana en el Senado, señalaron que no está claro a cuáles inmigrantes el Gobierno excluiría, y opinaron que la demanda iniciada contra la intención del mandatario por más de 20 estados está “repleta de contingencias y especulación que impiden una revisión judicial”.
Trump instruyó en julio al secretario de Comercio, Wilbur Ross, para que le presentara dos resultados del censo de este año, con uno de ellos excluyendo a los inmigrantes indocumentados. El presidente cree que algunos estados obtienen una representación mayor que la merecida debido al número de indocumentados que allí viven.
El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sobre sus resultados se distribuyen la representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, infraestructura y programas de asistencia social.
La Constitución estipula que el censo debe contar a todas las personas que viven en el país, pero Trump, en un memorando emitido en julio y por primera vez en la historia de la república, se atribuyó autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones.
