MINNEAPOLIS, MN.-
Un juez federal en Nueva Jersey ha dado luz verde a tres familias latinoamericanas, que entraron a EE.UU bajo la presidencia de Donald Trump, para demandar al Gobierno federal por haberles separado de sus hijos a su llegada a la frontera en 2018.
En una decisión de 39 páginas el juez Michael Shipp rechazó la petición de la Administración del presidente Joe Biden para desestimar la demanda, lo que permite ahora a las familias continuar con el caso.
La demanda es resultado de la puesta en marcha de la controvertida iniciativa “tolerancia cero” para familias indocumentadas, que entre julio de 2017 y enero del 2021 separó a unos 5,600 niños de sus familias a su llegada a la frontera, según los documentos legales, destaca el diario NJ.com.
“Cuando el gobierno me quitó a mi hijo, lo abracé y le dije que confiara en Dios y fuera fuerte. Dios finalmente está respondiendo nuestras oraciones”, dijo al diario Rafael, inmigrante guatemalteco que estuvo separado del menor de 12 años durante 37 días.
Rafael y su hijo -que viven ahora en Nueva Jersey- huyeron de Guatemala en junio de 2018 después de que su padre y tío fueran decapitados en una disputa por una tierra. Rafael y su hijo también recibieron amenazas de muerte, según muestran los registros judiciales, señala además NJ.com.
Esta es la primera demanda de este tipo en este estado y se presentó en la corte federal el pasado noviembre luego de que la Administración Biden cambiara de opinión, tras haber comenzado a negociar con las familias.
El Gobierno fue demandado además por Beatriz, madre salvadoreña que estuvo separada durante 42 días de su hijo de tres años.
La mujer huyó de su país y solicitó asilo para ella y su hijo porque el padre del niño es líder de una pandilla, que le violaba y agredía físicamente.
El niño “sigue demostrando miedo, preocupación y tristeza cuando está separado de su madre”, según la demanda, señala además el diario.
Jacobo, un padre hondureño que entró a EE.UU cargando sobre sus hombros a su pequeña de 4 años es el tercer demandante y no olvida que los agentes de control fronterizo le dijeron que nunca volvería a ver a su hija..
El inmigrante estuvo 93 días separado de la niña, que fue colocada con una familia en otro estado, que no habla español.
“Todavía me atormentan los recuerdos de mi niña llorando ‘¡Papi!, ¡Papi!’ mientras me la arrancaban de los brazos”, recordó el hondureño, que dejó su país luego de que una pandilla matara a varios miembros de su familia y amenazara su vida.
“Nos complace que el tribunal se haya unido a los muchos otros tribunales de todo el país que han rechazado los mismos argumentos que presentó el gobierno en nuestros casos”, indicó Catherine Weiss, presidenta del Centro Lowenstein para el Interés Público, que representa a los demandantes.
