MINNEAPOLIS, MN
La Corte Suprema de los Estados Unidos comenzó a escuchar argumentos en el caso Estados Unidos contra Texas, que intenta retroceder las órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Obama del 2014, específicamente DACA y DAPA. Los programas DAPA y DACA dirigieron a las autoridades que se concentren en las amenazas a la seguridad nacional y que permitieran a los inmigrantes que respetan las leyes y son padres de niños que son residentes legales de los Estados Unidos permanecer temporalmente y trabajar en el país si pasan una verificación de antecedentes, pagan impuestos, y han vivido en los EEUU por al menos cinco años.
Con motivo de las audiencias de este Lunes en Washington, miles de personas se desplazaron desde todo el país para estar presentes en el recinto judicial y ejercer su voz en favor de un dictamen justo y que diera el beneficio hacia los millones de familias que hasta hoy día viven bajo las sombras.
Desde Minnesota, un grupo de activistas de la Asamblea de Derechos Civiles tomo parte en las actividades al en Washington dentro del contexto de la audiencia. Ese mismo grupo convoco a los medios de comunicación para dar a conocer su mensaje y la necesidad de un dictamen a favor de estas familias, algunas ya separadas, otras con miedo a serlo.
En Minnesota. Organizaciones de apoyo legal, de carácter religioso se reunieron en las escaleras de la iglesia Encarnación, Iglesia del Sagrado Corazón y ante medios de comunicación expresaron con datos lo necesario y relevante que seria este cambio político, desde puntos de vista sociales, económicos.
Entre los participantes de esta conferencia se encontraron John Keller, director ejecutivo del Immigrant Law Center y Jason Adkins, director ejecutivo de Minnesota Catholic Conferences. Además de algunas familias que también ofrecieron su testimonio en cuanto a las consecuencias de no establecer políticas en favor de la comunidad inmigrante que busca prosperidad y alivio en los Estados Unidos.
Como comunidades de fe tomamos en cuenta, que la separación familiar puede causar un gran daño emocional, económico y social a las familias. La detención previa a la expulsión traumatiza a las familias, al distanciar y poner barreras entre seres queridos.
Por estas razones, muchos en la comunidad tenemos la esperanza de que el Tribunal de Justicia establezca su veredicto ante el gobierno federal. Sin embargo, sea cual sea el veredicto, sabemos que la única solución duradera al problema humanitario de los 11 millones de personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos es la reforma integral de inmigración federal que pone a las personas en un camino a la ciudadanía. La Iglesia Católica repite nuestro llamado hoy para nuestros funcionarios electos federales, en concentrarse en la vida de cada una de esas 11 millones de personas y trabajen juntos para determinar cómo podemos crear una nueva política que protege la dignidad de cada una de esas personas y sirve al bien común . Gracias. (Jason Adkins- MN Catholic Conferences).
